Los senadores validaron así, con esta reforma, el cese de los tres integrantes de la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pues al hacer un nuevo diseño de ésta, con un comisionado ejecutivo, una Junta de Gobierno y una Asamblea Consultiva, ellos ya no tendrán sustento jurídico para permanecer en el cargo.
Con argumentos en contra, provenientes de algunos senadores del PRD, quienes consideran que el modelo actual, que no ha funcionado, todavía tiene futuro, el pleno del Senado aprobó estas reformas, construidas con el consenso del PRI, PAN y PRD, pero que constituye la primera ley de víctimas que fue diseñada en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto.
La Ley vigente fue hecha en el Senado, pero manufacturada por las organizaciones que se agruparon en torno del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de Javier Sicilia, y con un contenido que no convenció en su momento al Congreso de la Unión, pero que se respaldó, como una señal de apoyo a las víctimas; fue controvertida por el entonces presidente Felipe Calderón y eso generó tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; fue corregida casi inmediatamente de su entrada en vigor, ya en el actual gobierno, pero siempre en apego a la visión de esas organizaciones sociales.
Ahora, luego de verificarse la inoperatividad, Cristina Díaz, del PRI; Angélica de la Peña, del PRD, y Fernando Yunes, del PAN, trabajaron en esta reforma junto con el gobierno federal para establecer la protección expresa de las personas desplazadas de su lugar de origen, por la inseguridad.
De igual forma, limita a una sola vez el derecho del presidente Enrique Peña Nieto a presentar una propuesta para el primer presidente de la nueva era de la CEAV, quien sólo durará tres años en el cargo.
Además, incluye el derecho de las víctimas a solicitar el apoyo de expertos internacionales independientes, en una figura de auxilio similar a la utilizada en el caso Ayotzinapa.
La Junta de Gobierno, que tendrá presencia con algunos integrantes del gobierno federal, con el propósito de agilizar los apoyos a las víctimas, no tendrá competencia alguna para conocer de los recursos de ayuda y la reparación integral que haga la CEAV; algunos senadores insistieron en que no debe haber ninguna participación gubernamental en ella.
Las organizaciones sociales lograron que se incluya en el texto del articulado el concepto de desplazamiento interno para que las personas que se ven obligadas a salir de sus localidades por los altos niveles de inseguridad, sean consideradas víctimas y se les ayude para adaptarse a su nuevo lugar de residencia.
La priista Diva Gastélum celebró este cambio, porque recordó que en su estado, Sinaloa, hay comunidades enteras que tienen que mudarse, debido a la inseguridad que las acosa.
La reforma fue enviada a la Cámara de Diputados, donde se espera su aprobación en este mismo periodo.
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